Inquilinos morosos. Que hacer.

Si su inquilino incumple con el abono de la renta puede acudir a los tribunales en demanda de la tutela de sus legítimos intereses. Lo puede ejercitar a través de una demanda de desahucio por falta de pago, para lo que no es preceptiva la intervención de abogado y menos la de procurador. Su tramitación es sencilla y de carácter sumario (forma abreviada en la que se llevan a cabo determinados asuntos o casos que se consideran que tienen carácter urgente. Un juicio sumario, en este sentido, es aquel en que se procede brevemente y se omiten ciertos trámites y formalidades de los juicios ordinarios.
En otras palabras, el juicio sumario o procedimiento sumarísimo reúne todas las partes ordinarias de un juicio en un único acto en el cual tienen lugar la instrucción, el análisis de las pruebas, el fallo del juicio y la condena. La sentencia del juicio sumario se ejecuta en un plazo muy breve), ya que sólo son admisibles las pruebas de confesión judicial y el documento o recibo en que conste haberse verificado el pago de la renta. Lo que se persigue a través de esta acción es exclusivamente obtener una declaración judicial por la cual se obligue al arrendatario a dejar el inmueble a su disposición en un breve espacio de tiempo -8 días si se trata de casa o viviendas-, con el apercibimiento, para el caso de que no lo haga voluntariamente, de que será desalojado por la fuerza.
Nueva demanda. Si además se desea el abono de las rentas adeudadas, no queda otro remedio que presentar una nueva demanda con esa pretensión.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 24 de noviembre de 1994, se puede formular frente al inquilino moroso una demanda a tramitar por las normas del juicio de cognición (proceso ordinario), en el que se ejercen dos acciones: la de la resolución del contrato y la reclamación de las cantidades adeudadas. En estos procesos es necesaria la intervención del abogado, tiene la ventaja de que un mismo juicio puede recuperar el inmueble y, además, obtener un reconocimiento judicial de deuda a favor. Por el contra, las causas de oposición del demandado son más amplias, sin que se limiten a si ha satisfecho o no las mensualidades que se le reclamen.
En ambos casos, el inquilino podrá impedir la acción de desahucio o resolución pagando al arrendador o poniendo a su disposición, judicial o notarialmente, las cantidades adeudadas antes de la fecha del juicio. Este privilegio del inquilino (arrendatario) sólo podrá utilizarlo una vez, de modo que el impago de una única mensualidad o el retraso en el cumplimiento de esa obligación serán ya motivo suficiente para que la nueva demanda que formule el arrendador lleve consigo, de prosperar, el desalojo del arrendatario.

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Fin de la renta antigua o de los contratos indefinidos de alquiler antiguos

Aquellos contratos (de vivienda o locales) firmados antes del 9 mayo de 1985 (regulados por la ley de arrendamientos urbanos de 1964) y  que por la ley de 1994 (la actual, aunque bastante reformada en junio de 2013) recibieron una prórroga de 20 años llegan a su fin, la extinción de los contratos de arrendamiento de renta antigua serán historia a partir del 31 de diciembre de 2014 en caso de que no hayan renegociado las condiciones con la propiedad, ello quiere decir que el 1 de enero de 2015 la propiedad recupera el inmueble, extinguiéndose el contrato (ver disposiciones transitorias LAU 1994).

En resumen, perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes del llamado decreto Boyer, con excepción de aquellos en que siga al frente del  negocio el mismo titular original del contrato o bien su cónyuge, y que estén blindados hasta su fallecimiento o jubilación, si está a nombre de otro familiar o de una empresa, el alquiler quedará sin efecto a tenor de que ha pasado la prórroga de los 20 años establecidos en la posterior ley de arrendamientos urbanos de 1994.